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ZARAGOZA NO SERÁ DECLARADA “MUNICIPIO SIN FRONTERAS”

23/09/2009

Zaragozanos de adopción en la Plaza del Pilar de ZaragozaCHA pretendía que  el Ayuntamiento de Zaragoza fuera declarado “Municipio sin Fronteras: por la Igualdad, la Solidaridad y los Derechos de los Inmigrantes”. Pero no ha sido así. El PSOE, el PP y el PAR han votado en contra. Nuestro grupo político sólo pretendía reconocer los derechos que cada persona que vive en Zaragoza tiene, independientemente del lugar donde haya nacido. Este es el progresismo y la defensa de los derechos humanos que el PSOE demuestra. Del PP y del PAR, ni hablamos. Nuestro alcalde Belloc no ha hecho nada en esta materia  desde que  nuestra compañera Carmen Gallego dejó la responsabilidad de la Acción Social en 2007.

Hoy existen en el mundo más de 180 millones de personas que viven y/o trabajan fuera de su país de nacimiento. La migración es una práctica utilizada por el ser humano que se remonta a los orígenes mismos de la vida humana en nuestro planeta y que responde a una de las características esenciales de nuestra especie: escapar de las condiciones adversas y procurarse nuevos horizontes que garanticen una vida con dignidad. En un mundo donde tres cuartas partes de la población se encuentra sumida en la pobreza, donde la guerra y las dictaduras siguen presentes en multitud de países, donde los niveles de desigualdad de renta y acceso a los derechos básicos no ha hecho más que aumentar y donde se producen situaciones de agotamiento de los recursos naturales básicos para la subsistencia, la migración se presenta como la única opción posible para millones de personas. La inmigración por tanto es un fenómeno global que responde ante todo a las injusticias y desigualdades producidas por un sistema económico que ha priorizado la acumulación de riqueza en pocas manos sobre el desarrollo y dignidad de las personas. Si bien se trata de dinámicas eminentemente globales, el aumento de la inmigración la conocemos bien de cerca en nuestros municipios, donde hemos sido testigos de la llegada de nuevos vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras, familias y niños y niñas que aportan una gran riqueza cultural a nuestros pueblos y ciudades pero que sin embargo están encontrando problemas para vivir en condiciones de igualdad con relación al resto de conciudadanos por el simple hecho de haber nacido en otro país.

Si bien la migración ha sido reconocido como uno de los derechos fundamentales a través del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cierto es que actualmente vivimos una situación en la que los trabajadores inmigrantes encuentran serias dificultades para poder acceder a una vida digna. Tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el Estado Español asistimos a la aplicación de políticas securitarias, restrictivas y policiales donde con la excusa de combatir la llamada inmigración ilegal se está condenando a un gran número de inmigrantes a vivir en situaciones de indefensión, vulnerabilidad y negación del acceso a los derechos fundamentales. Una clara muestra de ello ha sido la aprobación de la llamada Directiva de la Vergüenza por parte del Parlamento Europeo, la consolidación de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y el aumento exponencial de las redadas y violencia policial contra la población inmigrante. El caso de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) es especialmente preocupante ya que en ellos se encierra en condiciones inhumanas y vulnerando de forma sistemática los derechos fundamentales a personas que no han cometido ningún delito más que encontrarse en situación de irregularidad (lo cual es una falta administrativa). En estos centros no se permite la entrada de organizaciones sociales ni de derechos humanos y han sido numerosas las denuncias de abusos y violencia policial en su interior, lo que ha llévado a que ONG’s, organizaciones sociales, fiscales, defensores del pueblo y demás organismos los califiquen como los “Guantánamos Europeos”.

Este proceso va de la mano de la proliferación de discursos demagógicos y de corte populista que de forma irresponsable pretenden vincular a la inmigración con el aumento de la delincuencia, el tráfico de drogas, la violencia, el desempleo, problemas en el acceso a los servicios públicos y sociales y demás expresiones que están consiguiendo que de un modo más o menos explícito aumente el racismo, la xenofobia y el miedo o la desconfianza ante las personas inmigrantes.

En el actual contexto de crisis económica asistimos con preocupación al aumento de expresiones racistas que nos alejan de nuestro pasado (atravesado enteramente por las migraciones) y de los valores de tolerancia, solidaridad y respeto a las diferencias que tan necesarios resultan para nuestra democracia. Consideramos que es el momento de mostrar con fuerza nuestro rechazo ante estas situaciones injustas que sufre la población inmigrante y hacer valer los principios éticos y valores de solidaridad, tolerancia y respeto a los derechos humanos.

Esta declaración llevaba aparejada el cumplimiento de los siguientes acuerdos:

1. Que el Ayuntamiento de Zaragoza remita al Gobierno de España la oposición manifestada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Ciudad de Zaragoza con fecha 29 de mayo de 2009 a la instalación en la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) de un Centro de Internamiento para Extranjeros por entender que vulneran los derechos y libertades de las personas recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y vulneran los principios democráticos. De este modo, el municipio de Zaragoza sería declarado “Municipio Libre de Centros de Internamiento para Extranjeros”.

2. Que el Ayuntamiento de Zaragoza se oponga públicamente ante cualquier manifestación racista ó xenófoba, a cualquier tipo de abuso o extralimitación, del índole que sea, que atenten contra integridad física o moral de las personas inmigrantes, incluidas las redadas, solicitudes de documentación o detenciones arbitrarias, realizadas sobre la base de la identificación étnica, de color de piel, u otros rasgos característicos de la población inmigrante.

3. Que el Ayuntamiento de Zaragoza promueva las acciones que estén a su alcance para garantizar que todos los ciudadanos que vivan y trabajen en su municipio, gocen de igualdad en el acceso a los derechos fundamentales independientemente de su nacionalidad, etnia o color de piel. Entre estos derechos se debe incluir el derecho al voto, por lo que el Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a que arbitre los mecanismos necesarios a fin de que se reconozca a los extranjeros no comunitarios el derecho a votar y a ser candidatos y que su ciudadanía esté vinculada a la residencia y no necesariamente a la nacionalidad. En este sentido se asume el compromiso de que los procesos de participación y consulta ciudadana arbitrados por el Ayuntamiento de Zaragoza no impedirán la libre implicación dela población inmigrante delmunicipio.

4. Que el Ayuntamiento de Zaragoza traslade al Gobierno de España su oposición a la Directiva Europea de Retorno por entender que restringe derechos y libertades de las personas recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vulnera los principios democráticos y consolida el racismo institucional.

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